Con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Migración y Extranjería, y con ella, se espera que la cantidad de cotizantes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), suba en casi 150 mil personas. Esto, porque la nueva normativa obliga a los extranjeros residentes en Costa Rica a contar con los seguros que brinda la CCSS, según explicó ayer el director de Migración, Mario Zamora. Actualmente la Caja recibe aportes de 1.440. 210. asegurados.
Multas La ley, aprobada en el Congreso el 4 de agosto pasado, también establece sanciones económicas para los extranjeros que permanezcan ilegales en el país. Ellos deben pagar una multa de $100 dólares (¢55 mil al tipo de cambio actual) por cada mes que vivan Costa Rica sin el permiso debido. También se instaura un cobro de $25 a los extranjeros, cuando realicen trámites migratorios por primera vez o renueven documentos. Los refugiados y menores de edad están exentos de este cobro.
El dinero recaudado por este rubro, explicó Zamora, pasará a un Fondo Migratorio (un fideicomiso en la caja única del Estado) y servirá para financiar los servicios que el país les ofrece a los inmigrantes en salud, educación y seguridad. La nueva ley le permitirá a los extranjeros tramitar el cambio de sus estatus migratorio en Costa Rica, sin tener que ir a su país de origen, como se exige ahora. Esta medida podría generar un aumento “moderado” de las solicitudes de residencia, dijo Zamora.
Entre otras novedades figura la creación de un Tribunal Administrativo Migratorio para resolver las apelaciones sobre visas y otros trámites relacionados, por encima de la Dirección de Migración. La legislación, además, conferiá, por única vez, ¢7.000 millones a la Dirección de Migración, aparte de sus presupuestos ordinario y extraordinario.
“Una parte del dinero se usará para incrementar en 235 las plazas de migración. La otra se invertirá en la digitalización de los servicios migratorios y en fronteras”, informó el director. A Mario Zamora se le consultó cuál es el principal aporte de la nueva normativa y así respondió: “permitirá la administración de los flujos migratorios desde una óptica de derechos humanos, ejercida con equilibrio y con mecanismos de alta seguridad“